El modelo de gestión empresarial que aún prevalece en nuestro país es esencialmente el mismo que posibilitó la extraordinaria expansión del sistema capitalista en Occidente -desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII y especialmente a lo largo del siglo XX, hasta el presente- y se fundamenta en el uso de la racionalidad instrumental[1] para alcanzar fines tales como maximización de utilidades y aumento del poder de mercado.
La racionalidad instrumental orienta la acción hacia la consecución de fines y por tanto permite concentrar la atención del tomador de decisiones en el uso eficiente de los medios requeridos para alcanzarlos. En compensación, pierde de vista todo lo que no esté directamente vinculado al objetivo en cuestión. Así es que –en el caso que nos ocupa- la búsqueda de rentabilidad y poder económico de corto plazo de parte de las empresas suele tener como contrapartida un aumento en el grado de conflictividad de las relaciones con los trabajadores y sus familias, con los clientes, con la comunidad, y con el medio ambiente. De hecho, el modelo de gestión en cuestión genera conductas y promueve decisiones -de parte de gerentes, directores y accionistas- que se asemejan a un juego de suma cero en que la ganancia de una de las partes tiene como contrapartida una pérdida para la otra, de manera análoga a lo que ocurre en una partida de ajedrez o de tenis.
Frente a este panorama, desde hace más de dos décadas, se viene desarrollando y asentado el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), referido a la integración voluntaria por parte de las empresas de objetivos tales como: (1) el respeto al medio ambiente, (2) la incorporación y participación ciudadana en el desarrollo social y (3) el crecimiento económico sostenible.
La adopción voluntaria del concepto de RSE refleja la emergencia de un nuevo paradigma de gestión en las empresas, donde la figura del shareholder[2] cede paso y preeminencia a la del stakeholder[3], y en el que las decisiones que se adoptan están guiadas por el diálogo continuo entre los directores y los diversos grupos de interés, en procura de un objetivo ético que integre los tres factores citados en el párrafo anterior.
Nos encontramos frente a un nuevo paradigma de gestión ética guiado por una racionalidad sustantiva[4], que combina la racionalidad instrumental con un sistema de valores y principios éticos que trascienden los estrechos límites del corto plazo y del interés financiero inmediato, y que adopta la perspectiva de la sostenibilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo, bajo un enfoque financiero y comercial, pero también social y ambiental.
[1] OLIVÉ, LEÓN (1988). ''Racionalidad - Ensayos sobre la racionalidad en ética y política, ciencia y tecnología''
[2] Ibid, op.cit.
[3] Accionista (Webster’s New World Dictionary, 1988).
[4] Grupos de Interés (Barnhart Dictionary of Etymology, 1988)
La racionalidad instrumental orienta la acción hacia la consecución de fines y por tanto permite concentrar la atención del tomador de decisiones en el uso eficiente de los medios requeridos para alcanzarlos. En compensación, pierde de vista todo lo que no esté directamente vinculado al objetivo en cuestión. Así es que –en el caso que nos ocupa- la búsqueda de rentabilidad y poder económico de corto plazo de parte de las empresas suele tener como contrapartida un aumento en el grado de conflictividad de las relaciones con los trabajadores y sus familias, con los clientes, con la comunidad, y con el medio ambiente. De hecho, el modelo de gestión en cuestión genera conductas y promueve decisiones -de parte de gerentes, directores y accionistas- que se asemejan a un juego de suma cero en que la ganancia de una de las partes tiene como contrapartida una pérdida para la otra, de manera análoga a lo que ocurre en una partida de ajedrez o de tenis.
Frente a este panorama, desde hace más de dos décadas, se viene desarrollando y asentado el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), referido a la integración voluntaria por parte de las empresas de objetivos tales como: (1) el respeto al medio ambiente, (2) la incorporación y participación ciudadana en el desarrollo social y (3) el crecimiento económico sostenible.
La adopción voluntaria del concepto de RSE refleja la emergencia de un nuevo paradigma de gestión en las empresas, donde la figura del shareholder[2] cede paso y preeminencia a la del stakeholder[3], y en el que las decisiones que se adoptan están guiadas por el diálogo continuo entre los directores y los diversos grupos de interés, en procura de un objetivo ético que integre los tres factores citados en el párrafo anterior.
Nos encontramos frente a un nuevo paradigma de gestión ética guiado por una racionalidad sustantiva[4], que combina la racionalidad instrumental con un sistema de valores y principios éticos que trascienden los estrechos límites del corto plazo y del interés financiero inmediato, y que adopta la perspectiva de la sostenibilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo, bajo un enfoque financiero y comercial, pero también social y ambiental.
[1] OLIVÉ, LEÓN (1988). ''Racionalidad - Ensayos sobre la racionalidad en ética y política, ciencia y tecnología''
[2] Ibid, op.cit.
[3] Accionista (Webster’s New World Dictionary, 1988).
[4] Grupos de Interés (Barnhart Dictionary of Etymology, 1988)
Úrsula Ruiz V.
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